El caso de la vitoriana Gloria Ortiz es largo y complejo.
Le acusaron de provocar un incendio y fue a la cárcel.
Ella niega los hechos y acusa a los jueces de haberla condenado a sabiendas de que era inocente, por lo que pide que se actúe legalmente contra ellos.
La vida de la gasteiztarra Gloria Ortiz cobró un rumbo incierto allá por 1987, cuando trató de poner en orden la herencia de su madre. Enfrentada con su padre, revisó sus propiedades y descubrió que era propietaria de parte de una vivienda unifamiliar del bilbaíno barrio de Basurto, una noticia que acabaría siendo fuente de insospechados infortunios. Cuando acudió a aquel lugar, descubrió que su padre había vendido la construcción, ilegalmente según su relato, a una familia. Gloria informó a los ocupantes de que la titular de la misma era su madre y que por lo tanto su situación era irregular, lo que dio lugar a un primer enfrentamiento con el cabeza de familia. «Esta casa será mía o de nadie», recuerda que le gritó.
En aquel entonces, Gloria residía en Vitoria con dos hijos pequeños a su cargo. Separada y aquejada de una enfermedad en la espalda que le impedía trabajar, trató de reclamar su parte de la herencia y ante la negativa de la familia a desocupar su propiedad, amenazó con interponer una denuncia. Mientras tanto, su salud empeoraba debido a un problema amigdalar agudo y a otra complicación estomacal derivada de los medicamentos consumidos. Pasó un mes ingresada en Osakidetza recibiendo tratamiento médico para todas sus dolencias pero, según relata, un error de la Sanidad pública omitió su internamiento. Aquella omisión, a la larga, resultaría fatal. Inesperadamente, recibió en casa una citación judicial que procedía de Bilbao.
Acudió a la capital vizcaína y en los juzgados le dijeron «que si no tenía coartada para el 1 de abril se me imputaría un delito por incendio». La casa que poseía en Basurto había ardido y le acusaban a ella de ser la autora del fuego. «Será fácil demostrar mi inocencia», pensó para sí al recordar su paso por el hospital de Santiago, en Vitoria. Pero al reclamar su historia médica, comprobó con estupor que no figuraba nada. Los archivos de Osakidetza estaban en proceso de ser informatizados y su ingreso no aparecía por ningún sitio.
Se le concedió un abogado de oficio y pasaron siete años hasta que se celebró juicio oral. Insatisfecha con la labor de su letrado, Gloria pidió un cambio y se le asignó uno nuevo. Una letrada que, según explica, siguió los mismos pasos que su anterior defensor, por lo que el proceso acabó en condena. Posteriormente, a su abogada «se le pasaron» los plazos para recurrir en casación y la Audiencia Provincial de Bilbao decidió ejecutar la sentencia. A pesar de todos sus intentos legales e «indefendida por unos y otros», ingresó en Nanclares de la Oca. Sus hijos pasaron a ser responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia.
Durante su estancia en el penal alavés y posteriormente en el guipuzcoano de Martutene, Gloria siguió reclamando justicia. Apeló a instancias superiores, donde le indicaron que no había agotado las vías ordinarias. Envió cartas al Ministerio de Justicia, a la Corte Europea de Derechos Humanos, al Tribunal Supremo y a la oficina de Derechos Humanos. A todas las instituciones imaginables. Solicitaba que su caso fuese revisado y reafirmaba su inocencia.
El año pasado, Gloria salió de prisión, pero su pesadilla continúa. Pelea por la custodia de sus hijos, lo que le enfrenta a su ex marido, con quien mantiene una relación muy dura, y el Ayuntamiento de Bilbao, ciudad en la que reside actualmente, le deniega las ayudas sociales. «No encuentro la salida», sostiene.
Con el tiempo y después de varias reuniones, ha logrado que el director del hospital de Santiago le reconozca verbalmente y ante un notario que los médicos que le atendieron pertenecían efectivamente a Osakidetza, pero cuando ha solicitado que le comuniquen por escrito que estuvo ingresada en las fechas en las que tuvo lugar el incendio, sólo ha recibido negativas.
Además de haber iniciado un contencioso contra Osakidetza por daños y perjuicios, la actual lucha de Gloria se dirige contra los jueces, a quienes exige que se les juzgue por haber dictado contra ella una sentencia a sabiendas de que era injusta.
«Mis derechos se han violado de forma permanente. En la documentación de mi proceso penal se advierte prevaricación desde la instrucción, porque el juez admitió una denuncia de mi padre contra mi en la que decía que era el titular de la propiedad, lo que me excluye de mi derecho a la herencia», asegura. Además, quien dice ser la titular legal de la casa, tras comprársela al padre de Gloria, destruyó, según ésta, parte del tejado, lo que provocó el hundimiento de la zona inferior y, a la postre, el derribo obligatorio de la edificación por parte del Ayuntamiento de Bilbao, lo que lleva a que Gloria tenga que abonar no sólo la demolición sino también indemnizaciones.
En su punto de mira tiene a los responsables de la Audiencia Provincial de Bilbao, al magistrado del juzgado de lo Penal número 4 de la capital vizcaína y a la juez que se ocupó de la ejecución penitenciaria de su pena. Para que todo ello salga adelante sólo cuenta con sus amigos y con su inagotable fe en la Justicia.